Se trata de un mecanismo clave en la transición hacia una economía más sostenible. Te contamos cuáles son los instrumentos para hacer compatible la inversión y el crecimiento, con la mitigación del cambio climático y la preservación de los recursos para las generaciones futuras.
Ya no es novedad para nadie que nuestro planeta atraviesa una crisis ambiental sin precedentes. Detener el cambio climático y mitigar sus efectos es una de las mayores prioridades de la sociedad actual.
Por eso, ya en 2015 las Naciones Unidas establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como un llamamiento para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y que todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Y según remarca el organismo, “la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad son necesarios para alcanzar los ODS”.
Dada la trascendencia que el tema tiene para la sociedad, desde hace algunos años, el mundo financiero también comenzó a hacerse eco del auge, la preocupación y la demanda social por incorporar criterios alineados con los ODS. Así han ido surgiendo conceptos como economía verde, inversión socialmente responsable (ISR), inversiones sostenibles y financiación verde.
De manera amplia, se trata en definitiva del diseño y puesta en marcha de instrumentos y productos financieros que incorporen, evalúen y respeten ciertos parámetros ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Es lo que se conoce como ESG por sus siglas en inglés (Environmental, Social, Gobernance) o ASG en español.
Así, tanto en el sector público como privado han surgido líneas de financiación, préstamos, bonos verdes y fondos de inversión destinados a canalizar recursos hacia empresas, proyectos e iniciativas de desarrollo sostenible, cuya importancia y peso en el mercado ha ido creciendo año a año.
Según el último informe anual del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO), en 2021 la inversión sostenible en España registró un fuerte avance, alcanzando una cifra agregada de casi 55.000 millones de euros; 15 de cada 100 euros financiados en el mercado de capitales corresponden ya al ámbito sostenible.
Los bonos verdes
Los primeros aparecieron en 2007 con las emisiones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Mundial, y desde entonces han tenido un crecimiento sostenido, especialmente en la última década, hasta convertirse en uno de los instrumentos principales de la financiación verde.
Son un tipo de título de deuda que emiten entidades públicas y privadas para financiar o refinanciar proyectos verdes, es decir, sostenibles y socialmente responsables.
Al igual que con los bonos tradicionales, se trata de instrumentos de renta fija; el inversor se convierte en acreedor de la entidad emisora, que deberá devolver el dinero prestado en el tiempo establecido (en general a largo plazo) más los intereses fijados previamente.
La Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) estableció los Principios de Bonos Verdes (Green Bond Principles, GBP, en inglés), que sirven de referencia para cualquier organización que decida emitir este tipo de instrumento.
Según se estipula en los GPB, para ser consideradas “verdes” estas emisiones deben respetar cuatro pilares:
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Uso de los fondos:
Deben ser aplicados a la financiación de proyectos verdes, en una lista de categorías que incluye, sin limitarse a:
- Energías renovables
- Eficiencia energética
- Prevención y control de la contaminación
- Gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra
- Conservación de la biodiversidad terrestre y acuática
- Transporte limpio
- Gestión sostenible del agua
- Adaptación al cambio climático
- Productos adaptados a la economía ecológica y / o circular, tecnologías y procesos de producción
- Edificios ecológicos
Los proyectos deben reportar beneficios ambientales claros, que serán evaluados y, cuando sea posible, cuantificados por el emisor.
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Proceso de evaluación y selección de proyectos:
Los emisores deberán comunicar en forma clara “el proceso mediante el cual determina cómo los proyectos encajan dentro de las categorías de proyectos verdes elegibles, los criterios de elegibilidad, incluyendo los de exclusión o cualquier otro proceso aplicado para identificar y gestionar riesgos ambientales y sociales potencialmente asociados a los proyectos”.
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Gestión de fondos:
Deberán manejarse en una subcuenta y controlarse de manera adecuada. Además, se fomenta un alto nivel de transparencia y se recomienda el uso de un auditor externo que controle la asignación de los fondos.
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Publicación de informes:
.Los emisores deben publicar anualmente información actualizada, incluyendo el impacto esperado en cada uno de los proyectos, con especial énfasis en la transparencia.
En España, tanto el Tesoro como varias comunidades autónomas y ayuntamientos, así como empresas privadas, han lanzado al mercado sus bonos verdes.
Otros productos
Además de los bonos verdes, el mercado también ofrece créditos verdes, especialmente dedicados a facilitar liquidez a proyectos ecológicos y sostenibles, tanto a nivel corporativo como préstamos personales, por ejemplo, para financiar la compra de un coche eléctrico o mejorar la eficiencia energética de una vivienda.
Y por otro lado, también desde hace algunos años han surgido los fondos sostenibles, que permiten incluso a los pequeños inversionistas realizar inversiones sin dejar de lado sus valores éticos.
La advertencia del Banco de España
El gobernador del Banco de España y presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Pablo Hernández de Cos, ha advertido ya el año pasado sobre las “burbujas verdes”. Al tiempo que reconoció que el cambio climático representa el desafío “más existencial” en la actualidad, el funcionario ha mencionado que actualmente se acepta que el cambio climático puede dar lugar a riesgos físicos y de transición que podrían socavar la seguridad y solidez de los bancos, así como tener implicancias más amplias en la estabilidad financiera.
“Los bancos de todo el mundo están potencialmente expuestos a tales riesgos, independientemente de su tamaño, complejidad o modelo de negocio», ha comentado Hernández de Cos, mencionando un estudio reciente que cifra en casi 22 billones de dólares (21,6 billones de euros) la exposición de las entidades financieras del G20 a sectores intensivos en carbono, de los cuales los préstamos bancarios en el balance representan el 60 %.
«Si bien gran parte de la atención se ha centrado acertadamente en las exposiciones a ‘marrones’ que corren el riesgo de quedarse varados con el tiempo, también debemos permanecer atentos a los riesgos de las ‘burbujas verdes´”. Pero también ha remarcado que las iniciativas destinadas a reforzar la supervisión regulatoria y de supervisión de las etiquetas y taxonomías verdes serán importantes para ayudar a mitigar tales riesgos.
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