Uno de los jugadores más importante, menos conocido fuera del ámbito financiero, y que influye en incontables aspectos de nuestra vida cotidiana, son las agencias de calificación crediticia, conocidas también como agencias de Rating.
Estas compañías, de carácter privado, son las encargadas de evaluar el riesgo relacionado con la solvencia de empresas, productos financieros o países, evaluando la posibilidad de que tanto el principal como el interés se abonen en el momento pactado.
Según la Comisión Europea, son tres las empresas que, junto a compañías locales aliadas, controlan el 95% de la calificación crediticia en Europa y en EEUU: Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s (conocida por sus iniciales como S&P). Estas tres son también las más antiguas.
Cuando empezaron a operar, a fines del siglo XIX y principios del XX, eran los inversores quienes pagaban por la calificación de los negocios potenciales que les interesaban, en la búsqueda de una información objetiva y profesionalmente analizada. Tras la gran crisis de 1929, EEUU impuso una ley según la cual los bancos sólo podrían invertir en entidades que tuvieran una calificación otorgada por las empresas creadas para este fin, y en 1975 limitó esta actividad a las tres mencionadas. La calificación pasó a ser un servicio demandado por empresas y países con necesidad de nuevas inversiones, y son estos los que hoy en día pagan por esta prestación.
Sistema de calificación: los “ratings”
Los datos recogidos para la elaboración de la calificación incluyen el historial financiero, el estado de los bienes, el capital de la empresa o país, previsiones de crecimiento, ganancia, y el alcance de los pasivos. Es decir, toda obligación, deuda o compromiso de pago en un plazo determinado.
Cada una de las agencias tiene su propio sistema de calificación, aunque son bastante parecidos entre sí. Los “ratings” son las notas que resultan de esa calificación y suelen funcionar con códigos alfabéticos. Los puntajes pertenecen a uno de los tres grados principales que representan el riesgo englobado de cada inversión potencial. Estos grados son: inversión, especulación y especulación con alto riesgo, y se dividen en subcategorías de corto y largo plazo.
Entre las calificaciones a corto plazo, son conocidos los ratings “Prime-1”, “Prime-2”, “Prime-3” y “Not Prime” de Moody’s.
A largo plazo, la calificación que representa la máxima calidad crediticia es la “AAA” de S&P y Fitch, o “Aaa” en el caso de Moody’s. España, por ejemplo, recibió en el 2021 la calificación “A”, es decir, “Buena calidad crediticia”.
El grado intermedio es el de la B. Incluye la calidad crediticia cuestionable, futuro incierto pero con capacidad actual, o calidad crediticia pobre/dudosa.
En la parte más baja de la tabla se encuentran las calificaciones SD, RD o D, que representan un alto riesgo de impago parcial o general y que son el tipo de calificación que reciben, por ejemplo, los conocidos “bonos basura”.
A pesar de ello, las inversiones con bajas calificaciones e incluso las no calificadas, también tienen su mercado ya que, a mayor riesgo, prometen una mayor rentabilidad. A veces estas inversiones terminan en grandes crisis, como la que hubo en 2008, conocida también como “Crisis de las hipotecas subprime”, justamente por la entrega numerosa de préstamos e hipotecas a quienes no podían solventarlos. En esta crisis, las reservas de crédito que los bancos asignaron para cubrir los riesgos de incumplimiento resultaron ser insuficientes, provocando el colapso inmobiliario en gran cantidad de países. Esta crisis, como indica la Comisión Europea, despertó una fuerte crítica contra las agencias Rating y la exigencia de mayor regulación.
¿Cómo influyen las agencias de Rating en la economía?
Tanto los países como las empresas acuden a los mercados emitiendo deuda con el fin de cubrir sus necesidades de financiación. Para poder emitir esa deuda, es imprescindible contar al menos con una calificación concedida por las principales agencias de rating.
El país calificado con alto riesgo, tendrá dificultades de encontrar inversores y, aquellos dispuestos a invertir en él, exigirán altas tasas de interés. Para atender esos compromisos de pago, dicho estado puede tomar medidas que afecten a sus ciudadanos, como la subida de impuestos o los recortes en el gasto público, entre otras.
Para la empresa privada la situación es similar ya que, una mala calificación por parte de la agencia dificultará y encarecerá su financiación ajena repercutiendo en su cuenta de resultados.
En definitiva, para los posibles inversores, los “ratings” son una referencia a la hora de tomar decisiones. Con estas calificaciones son capaces de valorar el riesgo asociado a su inversión y, por lo tanto, pueden exigir a cambio una mayor o menor rentabilidad de la misma.
Por otro lado, como ciudadano de a pie, algunos aspectos de tus finanzas personales (interés de la hipoteca, tasas municipales, impuestos de la gasolina, etc.) se pueden ver afectados en última instancia por las calificaciones que las agencias de Rating hagan de nuestro país.
